Convenio entre la Comisión de Justicia y Paz (CJP)
de la Conferencia Episcopal Panameña (CEP)
y la Contraloría General de la República (CGR)
INFORME PARCIAL
Panamá, JULIO 15, 2020
Organización del proyecto
Antecedentes
El proyecto de Auditoría Social se desprende de la iniciativa denominada “Iglesia en Acción, Juntos en la misma barca”, que nació en la Comisión de Justicia y Paz, con el fin de abordar desde distintos escenarios de la Iglesia panameña la problemática de la pandemia del COVID 19. Este proyecto se origina en el contexto de la Resolución de Gabinete No. 11 del 13 de marzo de 2020 que declara Estado de Emergencia Nacional; del Decreto Ejecutivo No. 507 del 24 de marzo que declara toque de queda y suspende las actividades económicas y comerciales y; el Decreto Ejecutivo No. 400, del 27 de marzo, que crea el Plan Panamá Solidario para la entrega de bolsas, bonos y vales digitales solidarios.
Diseño del proyecto
El proyecto de auditoría social pretende fortalecer la vigilancia ciudadana con acciones de auditoria social relacionadas con el uso de los recursos del Estado. Por ello, se diseñan líneas de acción tendientes a lograr algunos resultados como: equipos diocesanos que garanticen una veeduría ciudadana en el marco de la ley; coordinaciones provinciales que puedan detectar casos de uso indebido de los recursos del Estado y derivar a las instancias correspondientes y; una plataforma virtual para la detección de casos de uso indebido de los recursos del Estado, con una estrategia coordinada con las instancias correspondientes o de divulgación o denuncia pública.
Entre los productos esperados, se pensó en lo siguiente: materiales de formación ciudadana sobre auditoria social y uso correcto de los recursos del estado; formularios de recibo de denuncias; comisiones diocesanas de auditoria social; convenio de colaboración con la Contraloría General de la República para la gestión de quejas o denuncias; ciudadanos con conocimiento de la auditoria social participando en acciones de vigilancia y monitoreo del Plan Panamá Solidario.
Firma de convenio
El 24 de abril de 2020, se firmó un Convenio de Colaboración entre el presidente de la Conferencia Episcopal Panameña, Monseñor Rafael Valdivieso y el Contralor General de la República, Gerardo Solís.
El convenio plantea como objetivo “mejorar los resultados y la transparencia en el manejo de los recursos del Estado en el Programa Panamá Solidario, donde la ciudadanía pueda hacer vigilancia del uso correcto de los recursos conforme a los fines para los cuales se destinan”.
La auditoría social es un trabajo independiente que realizan los voluntarios de la Iglesia católica, pero la Contraloría se compromete mediante este convenio en apoyar con recursos económicos y logísticos, como una web de denuncia y procesamiento de casos, cubrebocas, guantes, gel y apoyo económico para el traslado, alimentación y comunicación de los equipos de trabajo.
Organización de equipos
Durante el mes de abril, se comenzaron a organizar los equipos de trabajo diocesanos, luego de la firma del Convenio entre la CEP y la CGR. Se organizaron comisiones desde un inicio en la Arquidiócesis de Panamá y las Diócesis de David y Penonomé, con el aval de sus obispos; mientras que se estableció comunicación con las demás diócesis y territorios para comenzar a organizar. Posteriormente se han ido organizando los equipos en las Diócesis de Colón y Chitré, el Vicariato de Darién y la Prelatura de Bocas del Toro.
Capacitación de voluntarios
La capacitación de los voluntarios se ha realizado de distintas formas. En el mes de mayo (17), se realizó un Seminario Virtual (Webinar), por la plataforma Zoom con la asistencia de 45 personas. En dicho seminario se contó con facilitadores como Olga de Obaldía de Transparencia Internacional, quien conversó sobre el tema de Transparencia y derecho de los ciudadanos a vigilar el uso de los recursos públicos; Rigoberto Pitti por Justicia y Paz presentó el Proyecto de Auditoria Social del Plan Panamá Solidario y; Deilys Villarreal del Departamento de Informática de la Contraloría, quien trató el tema del Proceso de abordaje de casos de denuncias que llegan a la Contraloría General de la República.
De manera particular se ha estado dando entrenamiento a los voluntarios que se van incorporando a los equipos diocesanos sobre los distintos componentes del proyecto y cómo se organizan las comisiones en cada territorio.
Campaña de reclutamiento de voluntarios
Para la captación del voluntariado se ha utilizado un formulario digital incorporado en la página Web de la Comisión de Justicia y Paz (www.juspaxpanama.org) y se ha estado haciendo promoción en las redes sociales de la institución y de otros grupos de la Iglesia. Se ha contado con la colaboración de varias entidades y profesionales de la comunicación como Trigger Minds, el Departamento de Comunicaciones de la Arquidiócesis de Panamá, estudiantes de la Universidad Santa María La Antigua, estudiantes de la Universidad de Panamá, grupos de pastoral juvenil, entre otros.
Las campañas para la convocatoria a voluntarios y para promover el proyecto se han estado realizando de manera continua en las cuentas de la CJP en Instagram, Twitter y Facebook. También se ha compartido por la plataforma de vídeos de Youtube las grabaciones de las reuniones y capacitaciones que se han realizado por videoconferencias.
Acreditación
Para el trabajo de los voluntarios se requería de una acreditación, que sirviera a su vez de salvoconducto. Por lo que la Contraloría estableció un mecanismo de acreditación en coordinación con el equipo de trabajo de la Comisión de Justicia y Paz. Los voluntarios se inscribían previamente en la página Web de la CJP. Estas listas verificadas son enviadas con foto y número de cédula de los voluntarios para que la Contraloría.
Hasta la primera semana de julio han sido acreditados 95 voluntarios en todo el país para el proyecto de Auditoria Social, incluyendo un obispo, 6 sacerdotes, algunas religiosas y todos los demás laicos y personas de buena voluntad. El proyecto sigue recibiendo voluntarios, para fortalecer el trabajo en provincias que aún no se ha logrado organizar el trabajo.
Logros alcanzados al 30 de junio de 2020
Recepción de casos vía Formulario Virtual
Inicialmente el proyecto se diseñó para recibir de manera virtual las quejas y denuncias relacionadas con el Plan Panamá Solidario. Se establecieron comisiones para analizar las denuncias y tomar decisiones que podían ser: aceptarla tal cual se presentó y subirlas a la Página de Denuncias de la Contraloría; retenerla para verificar y agregar información antes de subirla o; descartarlas si no tienen sustento.
Al 15 de julio han entrado a la base de datos de la CJP un total de 78 denuncias, la mayoría en calidad de quejas, por no recibir la bolsa o bono solidario. Los casos presentados están relacionados con las provincias donde se comenzaron las giras de campo y las personas se han atrevido a subir sus quejas. Del total de casos recibidos la provincia de Panamá presenta 22, Chiriquí 22, Panamá Oeste 22 y Coclé 13.
Algo que llama la atención es que hay corregimientos donde se han concentrado algunas denuncias, como los son Barrio Colón en La Chorrera (9), Puerto Armuelles en Barú (9) y Coclé en Penonomé (6). En el distrito capital, a pesar de que se han presentado 17 denuncias, están distribuidas en menor cantidad entre los distintos corregimientos.
Giras de campo
Las giras de campo de los equipos de auditores están programadas de acuerdo a los calendarios de entrega de bonos y bolsas proporcionados por el programa Panamá Solidario. Sin embargo, en muchos casos no coinciden, ya que las juntas comunales, donde se realizan estas entregas, tienen una logística bastante saturada. Nos dicen que entregan cada vez que llegan las ayudas, pero cuando sus equipos de trabajo están muy agotados suspenden para que se recuperen.
En total hasta la fecha (15 de julio) se han hecho 47 reportes de giras de campo en las cuatro provincias donde están presentes los voluntarios: 19 de Coclé, 14 de Chiriquí y Comarca Ngäbe Buglé y 14 de Panamá y Panamá Oeste.
Coordinación con entidades estatales
Las coordinaciones de trabajo se han realizado con funcionarios de la Contraloría General de la República (CGR), por medio de la Oficina Nacional de Fiscalización y con el Plan Panamá Solidario, por medio de la Secretaría de Seguimiento para la Ejecución y Cumplimiento (SSEC).
Con la CGR han realizado varias reuniones virtuales para coordinar desde la firma del Convenio de colaboración, hasta las acreditaciones, procesamiento de casos, apoyo financiero y otros. Además, se ha tenido el acompañamiento de campo en Chiriquí del director nacional de fiscalización, directora nacional de denuncia ciudadana, coordinadora provincia de la Contraloría, del asesor legal, auditor y periodista. Algunos de estos funcionarios han acompañado también en Coclé y Darién.
Mientras que con la SSEC se han dado dos reuniones virtuales para intercambiar inquietudes y solicitar información de la logística del Plan Panamá Solidario. Se ha solicitado el acceso a la plataforma virtual del vale digital para contrastar información, pero no se ha logrado.
En cada provincia donde se lleva a cabo el proyecto, se han realizado múltiples reuniones con gobernadores, alcaldes, representantes de corregimientos, directores regionales del programa Panamá Solidario y de la Contraloría. Cada provincia ofrece periódicamente un informe de las reuniones que se dan en el contexto de las giras de campo a las entregas de bolsas y bonos solidarios.
Incorporación de las diócesis
Hasta la fecha el trabajo del voluntariado se ha realizado en las Diócesis de David, Penonomé y la Arquidiócesis de Panamá. También se han acreditado auditores sociales de las provincias de Bocas del Toro (19), Colón (10), Darién (3), Herrera (5) y Los Santos (2). Sin embargo, aunque se les ha dado algún apoyo en capacitación y organización, estos equipos apenas comienzan a realizar su programación y necesitan del acompañamiento y la motivación del clero.
Este es el cuadro de voluntarios inscritos y acreditados para la Auditoría Social hasta el momento:
Observaciones (parciales) de la Auditoría Social al Plan Panamá Solidario
El programa Panamá Solidario es una coordinación compleja, por su alcance y logística para el flujo de entrega. Ha llegado a comunidades y familias -panameñas y extranjeras- en el territorio nacional, como un alivio a la difícil situación que enfrentan producto de la pandemia. Los procedimientos para la entrega de ayudas son: las bolsas solidarias, las megabolsas, el bono solidario y el vale digital. Antes de compartir las observaciones que hemos realizado por parte de los auditores sociales veamos en qué consiste cada entrega:
Bolsas solidarias: son las ayudas en especie de alimentos que se reparten cada dos semanas en cada corregimiento del país no urbano o no cabecera de distrito.
Megabolsas: son ayudas en especie de alimentos que se reparten en áreas indígenas y de difícil acceso una vez al mes.
Bono solidario: ayuda económica en formato impreso que al inicio del Plan Panamá Solidario contenía un paquete de cuatro fichas por un valor de veinte balboas cada uno. A partir de junio se ha aumentado a cien balboas.
Vale digital. Es una forma digitalizada de trasladar recursos económicos a las personas que han sido afectadas directamente por la crisis y que excluye a funcionarios públicos, de empresas que siguen laborando, de personas que declaren ingresos mayores a once mil balboas anuales, jubilados, pensionados y personas que reciben subsidios en los distintos programas del Estado.
Telegram: Es una herramienta digital que permite a través de la consulta en línea, reconocer si una persona es elegible para recibir el beneficio y cuantas veces lo ha recibido.
Durante las auditorías realizadas, se pudo observar, entre otros aspectos, lo siguiente:
No hay un protocolo de atención para las personas que se quejan por no recibir la bolsa, el bono o el Vale digital. Las personas entrevistadas por las denuncias o quejas indicaron que han llamado innumerable cantidad de veces a la línea 140 y sin respuesta. Personas con situaciones de profunda vulnerabilidad en sus hogares por la falta de trabajo y de ingresos. Se ha realizado solicitud de información acerca del manejo de las denuncias y quejas que se presentan en la línea 140 y no hemos obtenido respuesta.
La cantidad de bolsas o bonos es discrecional por parte de la coordinación del programa Panamá Solidario y de las Juntas Comunales. Aunque se han realizado varias entregas que permitirían tener un aproximado de las personas afectadas que demandan una ayuda, la cantidad de entrega en los corregimientos está predefinida.
Las estadísticas se presentan por cantidades entregadas. Se desconoce la cantidad de personas que no reciben. Algunas Juntas Comunales elaboran cuadros comparativos entre cantidad de bonos y número habitantes o número de sectores.
Se observaron variantes en los flujos de entrega de los bonos en los corregimientos visitados, en relación a quienes coordinan la entrega y la logística. Algunos representantes indican que antes les entregaban las bolsas o los bonos y cada junta comunal lo coordinaba. Ahora se coordina a través del MIDES y otras entidades del Plan Panamá Solidario.
Se ha identificado personas afectadas que, luego de ser incorporados en la base de datos de la entrega del bono, no se les vuelve a entregar la ayuda. Existe una base de datos por la plataforma de Telegram para verificación, que es utilizada por los funcionarios de Juntas Comunales para la entrega de bonos, pero no ha tenido los resultados esperados, ya que las personas se siguen quejando que después de la primera vez, no les han vuelto a entregar los bonos (Bella Vista, Panamá).
Se ha observado personal de algunas juntas comunales e instituciones no apto para la entrega de las ayudas: población en riesgo, o no capacitado.
Riesgo en el control de la entrega de los bonos: Los bonos son cargados en la cartera o bolso que lleve quien ejerza como pagador/a, con el riesgo de pérdidas.
Listas sin identificación: aunque existe un formato de listado para la entrega de los bonos con el logo de Panamá Solidario, en varias entregas, se observaron listas diferentes las cuales son hojas de papel blanco o con rayas, que no tenían logo, numeración, ni nombre del funcionario
El proceso de cierre o devolución: En algunas devoluciones se pudo observar listas tachadas para hacerlas coincidir con la cantidad de bonos devueltos.
En el momento de las devoluciones se ha observado que no hay forma de verificar que las personas en las listas sean las mismas que se registraron en el Telegram. Se desconoce si en alguno momento se realiza esta verificación.
En una revisión que se hiciera a los listados de devolución se pudo observar listados en copia junto con listado en original. En una junta comunal se registra el faltante de 60 bonos. El equipo de funcionarios devolvió listados en original y copia lo que abultó el número de bonos entregados (Parque Lefevre, Panamá).
La aplicación Telegram es cargada en los celulares de propiedad de los funcionarios/as que participan en las entregas. Depende de la data del teléfono en donde se cargue. Algunos funcionarios captadores contactados informaron no recibir recursos para el pago de la data, pero es considerado una herramienta de trabajo. Esto les resta la posibilidad de verificar si la persona que recibe es elegible para el beneficio.
La aplicación está disponible las 24 horas en el teléfono donde se descargue. No se pudo confirmar que la aplicación tenga algún sistema de bloqueo que funcione para evitar que el funcionario/a pueda ingresar registros fuera del horario y de la localización donde se realiza la entrega.
No funciona para generar reporte de entrega diario a los captadores, que permita validar la entrega de bonos al momento de hacer el cierre o la devolución del día.
No se pudo observar en qué momento y quiénes cargan los listados que no fueron registrados en Telegram durante la entrega, pudiendo quedar un gran número de personas beneficiadas no registradas y con la posibilidad de recibir varias veces.
En Panamá Oeste, el Telegram lo tiene el coordinador de área de Arraiján en la Dirección de Pasaportes, quien ha asignado la tarea de registro de los miles de formularios a su equipo de trabajo.
La SSEC indicó que genera sus estadísticas con el reporte del Telegram, que pudieran estar afectadas por estas inconsistencias observadas.
Solamente la Autoridad de Innovación Institucional (AIG) y la SSEC conocen la data que se carga para acreditar el vale digital. La Comisión de Justicia y Paz solicitó el acceso a la data para poder contrastar información o verificar, pero hasta el momento no se ha dado el permiso por ninguna autoridad.
Personas (nacionales y extranjeras) que aliviaban su situación por medio de las bolsas y bonos, al pasar la ayuda al vale digital y no estar incluidas, quedan sin ayuda y sin saber a dónde solicitar apoyo.
Las Juntas Comunales desconocen a quienes de su corregimiento le llega el vale o no y como dar respuesta, porque esa información está en la AIG. Algunas que entrevistamos, informaron que elaboran en forma manual listados de personas que llegan indicando que necesitan ayuda y no les llegó el vale. El cual envían a Coordinación de Área o a la SSEC
Factor de Discrecionalidad: se pudo observar algunas decisiones en el campo durante las entregas realizadas con base al factor de discrecional del funcionario, aunque tiene claro a cuáles personas se les debe entregar ayudas y a cuáles no.
Cantidad de bolsas o bonos entregadas a los corregimientos es discrecional y no es coherente con la realidad del número de afectados, ni número de población.
Familias compuestas o numerosas. Le dan dos bolsas o bonos dependiendo de lo que decida el funcionario/a, si tienen dos estufas, o si hay dos personas mayores de 18 años o deciden no entregar.
Jubilados/as que informan ganar muy poco. Para “ayudarle” le preguntan si hay alguna persona mayor de edad y se le entregan.
Edificios “Bonitos”: El equipo decide entregar o no en los edificios con base a su fachada, ya que se considera que las personas que viven allí no necesitan.
Casas con buena fachada, son excluidas por percepción del equipo sin entrevistar a la familia. La presencia de vehículos, muchas veces es tomada como punto de referencia para la decisión si se entrega o no el bono.
Las casas convertidas en pequeños cuartos de alquiler en donde viven usualmente personas extranjeras. Se decide con base a la cantidad de estufas que hay en el lugar, donde a veces solo hay una o dos. Por ejemplo, en una casa se le quería entregar un bono a una casa con cuatro cuartos en donde viven 4 familias.
Actores distintos a las Juntas Comunales, reciben bolsas y bonos para repartir en las áreas donde las juntas comunales reparten (Iglesias, Alcaldes, Diputados, Despacho de la Primera Dama…).
Uso indebido del bono. Aunque no se pudo tener denuncias formales, se pudo conocer algunas prácticas indebidas en el uso del bono y vale: Venta de bonos por el 50% en efectivo de su valor; cambios de bonos en tiendas por un 15% y saldo no utilizado devuelto en efectivo; uso del bono para comprar bebidas alcohólicas y hacer fiestas.
En los corregimientos rurales el difícil acceso hacia algunas casas hace que los miembros de las juntas comunales desistan de llegar a esas casas (Boca del Monte, San Lorenzo).
Después de cuatro meses de crisis varias Juntas Comunales y alcaldías han cerrado o se mantienen en cuarentena por cansancio y por riesgos de contagio. En el caso de Penonomé se ha trasladado el centro de acopio a otro lugar por contagios.
En algunos lugares no se cumple con el distanciamiento físico que exigen las autoridades de salud entre los equipos de entrega de ayudas.
Equipo redactor y de apoyo en la recolección de información: Rigoberto Pitti (coordinador general del Proyecto y coordinador en Chiriquí y comarca Ngäbe Buglé), Kathia Díaz (coordinadora de Panamá y Panamá Oeste), Alberto Agrazal (coordinador de la comisión de comunicación); Fernando Márquez (coordinador de Coclé).
Agradecimiento: a los 97 voluntarios que se han incorporado a las distintas actividades del del proyecto. Seguimos captando voluntarios para cubrir todo el país hasta donde las fuerzas nos alcancen.